Denuncian golpiza de militares a menor de edad en San Miguel Totolapan; pobladores exigen justicia
Un adolescente de 13 años fue presuntamente agredido por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Loma de las Piedras, ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, según denuncias de familiares y pobladores.
El menor, identificado solo como Juan Diego, se encuentra bajo atención médica en el Centro de Salud de San Miguel Totolapan, donde se le brindó tratamiento por contusiones y heridas en la cabeza, presuntamente causadas por golpes con la culata de un arma de fuego.
De acuerdo con el relato de su tía, el joven regresaba a su hogar en su motocicleta cuando una camioneta con militares lo interceptó. “Dice que se bajó uno de ellos y le dio tres cachazos en la cabeza. Lo dejaron lesionado y fue auxiliado por elementos de la policía municipal”, señaló la familiar.
Tras el ataque, el menor fue atendido de inmediato por personal médico, quien le practicó suturas en la cabeza y le proporcionó medicamentos para controlar las lesiones. Debido a temores de represalias, los familiares pidieron que no se revelara su identidad ni mostraran sus rostros.
Testigos afirmaron que los soldados le quitaron las llaves de su motocicleta y lo dejaron abandonado en el lugar sin brindarle asistencia, una acción que ha generado indignación entre los pobladores de la zona.
Horas después del incidente, un grupo de habitantes de San Miguel Totolapan se concentró frente a las instalaciones militares, conocidas como base de operaciones, para exigir justicia y un alto a los abusos y agresiones cometidas contra la población civil.
Una comisión de vecinos fue recibida por mandos del Ejército, quienes escucharon las quejas de los pobladores y se comprometieron a revisar el caso. Sin embargo, la tensión persiste, y la comunidad sigue demandando una investigación exhaustiva.
Por su parte, ciudadanos han solicitado a las autoridades civiles y militares que se investigue a fondo lo sucedido y que se sancione a los responsables, subrayando que el uso de la fuerza contra menores de edad representa una grave violación a los derechos humanos.
El caso ha generado un creciente clamor social que pide un firme compromiso por parte de las autoridades para garantizar que no se repitan este tipo de abusos y para proteger a los ciudadanos de posibles represalias.
